La Unión Iberoamericana de Municipalistas, en el marco del VII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, celebrado en La Antigua (Guatemala) durante los días 16 al 21 de octubre de 2004.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas comprometió a la Comunidad internacional a realizar todos los esfuerzos posibles para reducir la pobreza, promover la igualdad humana y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental, generando también un amplio consenso para que en el año 2015 se cumpliesen los objetivos concretos de avance explicitados en la Agenda del Milenio.

SEGUNDO: Que la exclusión social se entiende como un fenómeno que posee varias dimensiones; una dimensión económica, en el sentido de la escasez de recursos, la inaccesibilidad a los sistemas productivos, a los mercados y servicios aseguradores de las necesidades básicas; una dimensión político - institucional que se expresa en la precariedad o ausencia de derechos; una dimensión tecnológica, caracterizada por la falta de acceso de sectores importantes de la población a las nuevas tecnologías de comunicación e información y una dimensión sociocultural que se refleja en el debilitamiento de las relaciones sociales y la pérdida de valores colectivos.

TERCERO: Que América Latina vive cotidianamente el drama de la pobreza y la exclusión social, coincidiendo los diagnósticos más recientes en que décadas de desaciertos la han convertido en la región más inequitativa de Iberoamérica y que la pobreza alcanza hoy, en promedio, al 43% de la población de la región; es decir, a la preocupante cantidad de 220 millones de personas.

CUARTO: Que mientras que las constituciones proclaman la igualdad de oportunidades para todos y los gobiernos son responsables de diseñar políticas públicas que velen por ello, la pobreza es un factor que priva a las personas de los derechos básicos consagrados en las respectivas cartas magnas, excluyendo a los pobres de los beneficios de la ciudadanía, con particular rigor a los grupos más desprotegidos: los niños, los discapacitados, las mujeres, los ancianos, los indígenas y los inmigrantes.

QUINTO: Que por esos motivos, en la mayoría de los países latinoamericanos se constata un preocupante descenso del nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y un creciente rechazo a prácticas políticas poco éticas, como es el clientelismo político, el cual afecta la dignidad del individuo y su derecho a elegir libremente o hacer ejercicio de su voluntad política.

SEXTO: Que el alto grado de urbanización, determina que la gran mayoría de los pobres, los individuos y grupos socialmente excluídos, vivan en las ciudades, lo cual convierte a los gobiernos locales en los principales protagonistas en la formulación e instrumentación de las decisiones que se adopten para afrontar y superar esos flagelos.

SÉPTIMO: Que en el marco de estos decisivos desafíos los gobiernos locales pueden y deben hacer mucho más para construir una cultura democrática, promoviendo un modelo que conjugue las libertades con más igualdad, crecimiento y bienestar. Por ello es necesario contar con una AGENDA LOCAL PARA LOS OBJETIVOS DEL MILENIO que sirva de guía para la planificación y ejecución de políticas descentralizadas que contribuyan a una mayor equidad.

EL VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS RESUELVE

ADOPTAR la presente Declaración, fruto de las reflexiones y el sentir general de los municipalistas reunidos en este Congreso.

INVITAR a las autoridades locales, regionales y nacionales de los países iberoamericanos a adherirse a la presente Declaración y a promover acciones concretas tendientes a hacer efectivos los principios y valores contenidos en la misma.

UN PACTO LOCAL POR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO: LA DESCENTRALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

PRIMERA.- FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA PLANIFICAR Y EJECUTAR POLÍTICAS SOCIALES CON UNA EFECTIVA INVERSIÓN SOCIAL.

Para fortalecer las capacidades locales es requisito previo recuperar la confianza de los ciudadanos y para ello es preciso adoptar reglas claras, procedimientos trasparentes y sanciones eficaces cuando se trate de comportamientos que la moral pública reprueba abiertamente. Asegurar la ética pública a nivel local significa eliminar uno de los mayores obstáculos que frenan el proceso de descentralización y la efectiva aplicación del principio de subsidiaridad.

Reducir la pobreza en los términos pautados en la Declaración del Milenio es el reto primordial de los gobiernos iberoamericanos, en esa lucha será prioritario la inversión en proyectos que busquen minimizar los efectos de la pobreza y atender los grupos socialmente más desfavorecidos. Para ello, los municipios deberían contemplar en sus presupuestos los recursos necesarios para constituir un Fondo Local de Inversión en Desarrollo Humano. Este fondo constituye un elemento esencial para encauzar recursos hacia las comunidades pobres y colectivos vulnerables a través de la inversión en infraestructura económica y servicios sociales, propiciando la creación de empleo, la capacitación de los recursos humanos y la formulación y ejecución de proyectos socio-productivos.

No obstante, para garantizar una adecuada administración y control de dichos fondos será preciso contar con gobiernos locales capaces de redistribuir equitativamente la riqueza, con el propósito de disminuir los actuales niveles de pobreza, sustentándose en mecanismos redistributivos, un sistema tributario efectivo, una alta eficacia recaudatoria y órganos de control externo con poder sancionatorio suficiente para actuar ante irregularidades manifiestas.

SEGUNDA.- DESCENTRALIZAR LAS POLÍTICAS SOCIALES Y CONFORMAR UNA “RED LOCAL MULTISECTORIAL” DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

El espacio local se ha convertido en el escenario privilegiado para estimular la participación social y fortalecer el trabajo aunado de gobiernos, sectores productivos, organizaciones ciudadanas y sociedad civil en su conjunto. Abrir canales de participación y crear una conciencia colectiva responsable que fomente la voluntad política, implica para el municipio una importante vía de comunicación e instrumento de legitimidad a su labor. De este modo, los individuos de una comunidad pasan de ser objeto de atención para convertirse en actores protagonistas y diseñadores de propuestas para elevar su propia calidad de vida.

En este sentido, la UIM reivindica la necesidad de descentralizar en las instancias locales la toma de decisiones y la puesta en marcha de planes sociales a través de la construcción progresiva de acuerdos públicos, los cuales se configuren a partir del funcionamiento de una red local multisectorial compuesta por actores gubernamentales y civiles, cuyo único objetivo sea el de mejorar la calidad de vida de la población reduciendo la pobreza, la exclusión social y promoviendo a la vez el desarrollo sostenible de la comunidad.

TERCERA.- RECLAMAR EN LOS NIVELES SUPRANACIONALES UN URGENTE, MAYOR Y MÁS EFICAZ RESPALDO A LOS ESFUERZOS LOCALES.

La efectividad de un Pacto Local por los Objetivos del Milenio, está asociada al logro de un adecuado equilibrio entre la descentralización operativa que, con énfasis en la acción local, asegura la economía, efectividad y transparencia en la ejecución y la centralización normativa, que vela por la cohesión social, compensa las lógicas disparidades territoriales y procura evitar el clientelismo.

En la búsqueda de este equilibrio, es esencial establecer mecanismos de coordinación entre los distintos actores gubernamentales con competencias en este campo, que involucren también a la dirigencia política local, los técnicos diseñadores de los planes de actuación y los ejecutores últimos y sus beneficiarios. Para ello, un instrumento idóneo es el reconocimiento del gobierno local como autoridad operativa de referencia para los demás niveles involucrados. Desde esta posición, les corresponderá a los gobiernos locales asumir la responsabilidad de elaborar un documento modelo que refleje la realidad local, a fin de colaborar con los niveles supranacionales, proporcionar información concreta y facilitar su tarea en la redacción de la normativa territorial.

Asimismo, es necesario un papel más amplio y activo de cada uno de los Estados Nacionales en apoyo a los municipios iberoamericanos y de los organismos de financiamiento y de cooperación internacional, los que deben reconocer el rol de liderazgo de los gobiernos locales en la lucha por los Objetivos del Milenio. Este reconocimiento implica, el diseño de programas de apoyo para este nivel de gobierno, aumentando de manera significativa el monto de las ayudas destinadas a proyectos sociales locales, estableciendo canales de vinculación más fluidos y directos y priorizando la efectiva participación de la sociedad civil en la definición y gestión de estos proyectos.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES TRANSVERSALES COMO PROTAGONISTAS DE LA REDUCCIÓN DEL GRADO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANIA.

CUARTA.- CONSTRUIR UN MODELO URBANÍSTICO QUE FACILITE LA INTEGRACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y ERRADIQUE LA DISCRIMINACIÓN TERRITORIAL.

Es un hecho que la exclusión social tiene una dimensión espacial: los grupos que padecen la pobreza y la desigualdad son segregados en barrios o zonas de residencia que implican unas condiciones de desarrollo desventajosas. Los gobiernos locales tienen en su cartera de competencias aquellas referidas a la planificación urbanística de su territorio, por lo que han de considerar el factor humano y social en el diseño de su ciudad. El planeamiento urbanístico debe ser visto como una herramienta para disminuir la exclusión social y un instrumento de acción para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Es esencial evitar que la división étnica, económica y cultural de la población se refleje también en el espacio físico. Por ello, resulta positivo estimular la convivencia de diferentes grupos, ya que significa fomentar el desarrollo mutuo y la generación de valores de solidaridad y de integración tan necesarios en la actual sociedad de la globalización. Cuando los guetos o barrios marginales ya existen, la acción local ha de incidir de lleno en dichos ámbitos para aplicar políticas de inclusión local de forma focalizada y así lograr rentabilizar los recursos y la eficiencia de las políticas contra la exclusión social.

La vivienda ha de ser considerada no sólo como un derecho individual de adquisición de un bien en una transacción mercantil presidida por la ley de la oferta y la demanda, sino como un derecho universal de toda persona de contar con una vivienda digna independientemente de su nivel de renta o ingresos, por lo cual los programas de rehabilitación y recuperación de barrios, los de vivienda de interés social, han de ser diseñados bajo los mismos patrones utilizados y admitidos en el resto de la ciudad, con el propósito de integrar a los habitantes y construir una sociedad más igualitaria.

QUINTA.- CONSIDERAR LA INCLUSIÓN SOCIAL COMO VARIABLE EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.

Una de las formas más evidentes de manifestarse la exclusión social es a través de los servicios públicos. Servicios básicos como el abastecimiento de agua, el tratamiento de residuos o el transporte urbano no se encuentran a disposición de millones de ciudadanos que sufren de privaciones que provocan la aparición de múltiples problemas sanitarios y medioambientales. El dotar de estos bienes y servicios ha de ser lo primordial en la agenda de los municipios que persiguen el desarrollo sustentable de sus ciudades.

Por ello los gobiernos locales deben considerar la variable de la exclusión social en la gestión de los servicios públicos. Esto significa que el principal criterio de organización del funcionamiento de éstos no sea el de rentabilidad económica sino el de rentabilidad social. La administración municipal tiene la obligación de hacer partícipes de los servicios públicos a todos los usuarios y de tener en cuenta sus necesidades para planificar su distribución o realización. Los servicios locales han de estar disponibles para todos y, en consecuencia, en bastantes ocasiones el poder local habrá de discriminar positivamente en la carga fiscal que supone su sostenimiento para facilitar el acceso universal a los mismos.

SEXTA.- FACILITAR EL ACCESO DEMOCRÁTICO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO REMEDIO A LA EXCLUSIÓN DIGITAL.

Entre los cambios tecnológicos que están trasformando la sociedad, la revolución digital ocupa uno de los primeros lugares. Es evidente, sin embargo, que existe una gran disparidad en el acceso y utilización de estas tecnologías. No obstante, en un mundo globalizado la utilización de las TIC’s (tecnologías de información y comunicación) se considera una condición imprescindible para el desarrollo personal y colectivo. Las municipalidades iberoamericanas necesitan apostar por la innovación tecnológica y la participación en programas I+D (investigación y desarrollo) para lograr acortar la brecha digital que las coloca en una situación desventajosa respecto del sector privado y de otros centros públicos de poder.

El acceso a los bienes de naturaleza digital ha de ser socializado en el sentido de permitir a todos los sectores de la población local el uso de las herramientas electrónicas y de comunicación global, y de ese modo garantizar el acceso a la información y al conocimiento y con ello contribuir al desarrollo socio- económico de la comunidad.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES TRANSVERSALES COMO PROTAGONISTAS DE LA REDUCCIÓN DEL GRADO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANIA.

SEPTIMA.- PRIORIZAR LA INVERSIÓN E INTERVENCIÓN ARTICULADA EN SALUD Y EDUCACIÓN COMO PREMISAS FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD.

Es necesaria una perspectiva territorial en el abordaje de las necesidades de salud y educación, a fin de facilitar la emergencia de políticas integrales que posibiliten la coordinación intersectorial. Avanzar sobre estos dos factores requerirá de estrategias múltiples que produzcan efectos sinérgicos basados en un enfoque positivo, preventivo y consensuado con los diferentes sectores que confluyen en el desarrollo humano.

Los indicadores de salud y educación de latinoamérica obligan a los gobiernos de la región a posicionar las inversiones en infraestructura y servicios públicos a fin de reducir el hambre, la desnutrición, las enfermedades, el analfabetismo y, en consecuencia, fortalecer las capacidades humanas y coadyuvar a la economía pública y al crecimiento de las ciudades.

Los problemas de salud son globales, pero deben ser enfrentados localmente. Por ello es menester que las autoridades locales fomenten con su política sanitaria la asociación y colaboración entre el sector público y privado, lo que permitirá limitar los riesgos y mejorará las posibilidades para combatir los efectos negativos de los problemas sanitarios en el plano económico y social.

Los gobiernos locales tienen el deber de ofrecer oportunidades a todos los ciudadanos, de garantizar una educación para todos, sin distinción de sexo, raza, religión y edad, para lograr una efectiva inclusión social. Es una realidad que el acceso democrático y universal a los bienes educativos y culturales genera, espacios humanizadores, creativos e innovadores que son el germen en la construcción del capital social, refuerzan identidades y reducen la exclusión.

OCTAVA.- TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS AGENDAS POLÍTICAS DE LARGO PLAZO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA IGUALDAD SOCIAL.

Eliminar las barreras que confinan a la mujer, y en especial a la ¨mujer indígena¨, a la desigualdad y marginación es uno de los retos primordiales en la lucha contra la exclusión social. El acceso a la educación, a los recursos productivos y a la representación colectiva, resulta fundamental y estratégico para erradicar la pobreza intergeneracional y demás aspectos relacionadas con la misma (salud reproductiva e infantil, empleo, transmisión de valores y hábitos, etc.).

La equidad de género exige estar presente en todas las políticas de largo plazo, tanto públicas como privadas. La transversalización de las políticas en aspectos tanto prácticos (de atención y mejora de su calidad de vida) como estratégicos (fomentar, asegurar y elevar la cuota de participación femenina en los órganos de poder colectivos y en particular a nivel local) es esencial para reforzar las potencialidades de la mujer como agente multiplicador del desarrollo.

NOVENA.-IMPLEMENTAR UN OBSERVATORIO PERMANENTE LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y MIGRANTES.

Es misión de los gobiernos locales abrir y facilitar cauces de participación efectiva que fortalezcan la ciudadanía de todas las comunidades. Una forma de hacerlo es creando o propiciando la creación de Un Observatorio Permanente, como instrumento eficaz para estudiar con detalle la problemática de los indígenas y migrantes y avanzar en acciones concretas tendentes a mejorar la calidad de vida y promover mecanismos que aseguren el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y culturales, el acceso a los servicios existentes y el empoderamiento de estos colectivos en las instancias de decisión pública, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones.

De esta manera se podrá aspirar a una ciudadanía social integradora, que promueva y asegure iguales oportunidades, erradicando las barreras que provocan la discriminación, la explotación, la violencia y la exclusión. Estos objetivos sólo se lograrán a partir de políticas sociales, culturales, educativas e informativas que favorezcan la igualdad, el respeto, la tolerancia por las diferencias y la convivencia armoniosa y multicultural.

DECIMA.- ASEGURAR EL DESARROLLO SALUDABLE DE NIÑOS, JÓVENES, ANCIANOS Y DISCAPACITADOS MEDIANTE ACCIONES FOCALIZADAS Y CONTROLADAS EN EL NIVEL LOCAL.

Es necesario reconocer que estos grupos se encuentran expuestos a riesgos agudos de exclusión inherentes a la vulnerabilidad derivada de sus desventajas, de carácter físico como social, y que, por lo tanto, justifican una atención particular que reduzca tales riesgos y promuevan su inclusión.

Es compromiso de todos los gobiernos el garantizar la asistencia y protección de todos estos colectivos asegurando primordialmente la salud, la educación y la cobertura y el acceso efectivo a los servicios públicos, eliminando las barreras, tanto arquitectónicas como culturales, que impiden la integración socio-laboral, a la vez que se promueva el desarrollo de sus capacidades. Para ello, es preciso focalizar los programas dirigiendo acciones y recursos hacia estos grupos, y monitoreando el seguimiento de los indicadores desde el ámbito local.

DECLARACIÓN FINAL

Frente a los fenómenos de exclusión social los municipios iberoamericanos, espacios públicos por excelencia desde los orígenes de la democracia, están llamados a rehacer el protagonismo de lo público y a trabajar por la igualdad de las personas. Creemos que los gobiernos locales, se han convertido en instituciones claves para detener los procesos de exclusión social, desarrollar políticas de inclusión y dar respuestas a los problemas que obstruyen la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, la UIM apuesta por la capacidad de los municipios iberoamericanos para paliar los efectos de la exclusión social, reducir la pobreza y erradicar la discriminación. Estamos convencidos que es tiempo de aunar esfuerzos entre gobierno local y ciudadanía, de comprometernos a trabajar por el logro de los Objetivos del Milenio, de fomentar el diálogo, la cooperación, de visualizar cada comunidad en niveles óptimos de calidad de vida y trabajar desde ya por la inclusión social de los más desfavorecidos.