La Unión Iberoamericana de Municipalistas, en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, celebrado en Guayaquil (Ecuador) durante los días 12 al 16 de noviembre de 2006.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la era de la globalización implica la emergencia de un nuevo rol y un mayor autogobierno para los entes locales, dada la necesidad de afianzar la autonomía de éstos y de fortalecer los mecanismos de cooperación intergubernamental a fin de que los municipios asuman un nuevo papel en la búsqueda del buen gobierno y profundicen en un nuevo tipo de relaciones interadministrativas que facilite la gobernabilidad necesaria para poder guiar la transformación de las ciudades a través de los valores de la democracia participativa, equidad e integración social, progreso económico y sostenibilidad. En América Latina hay muchas y buenas experiencias, aunque es preciso seguir avanzando y perfeccionando los mecanismos de ordenación de la ciudad y del territorio.

SEGUNDO: Que el crecimiento urbano de las últimas décadas ha mezclado densificación de algunas zonas y crecimiento difuso de muchas otras, con la consiguiente explotación de recursos naturales, sin que en todos los supuestos se hayan establecido las medidas oportunas para posibilitar la recuperación de los mismos, dando lugar a graves problemas de sostenibilidad que se han visto como un problema independiente del desarrollo urbano. En el planeamiento urbano ha asumido un lugar hegemónico la idea de urbanización del espacio en detrimento de la urbanización de la ciudad.

TERCERO: Que todavía hay una cierta crisis del espacio público como elemento ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, y también como elemento de continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria y de identidad ciudadana.

CUARTO: Que en la planeación urbana iberoamericana, con alguna frecuencia, se sigue manteniendo la dualidad entre “ciudad formal” y “ciudad informal”, acrecentándose así la segregación urbana y residencial. Esta situación, en las ciudades que acontece, es producto de la carencia de un planeamiento estratégico eficaz que incorpore el concepto la formación social de la ciudad, y que genere procesos de planeación participativa no sólo en su concepción sino en su gestión, aplicando así nuevos marcos institucionales de consenso para grandes temas tales como la función social de la propiedad, el derecho a la vivienda o la gestión de las plusvalías urbanas.

QUINTO: Que cuando el fenómeno urbano surge sin planificación ni orden, se originan barrios y núcleos de población irregulares, sin ningún tipo de control por parte del Estado, conformándose con ello una ciudad mal estructurada que no hace más que agravar los problemas sociales de diversa índole como la delincuencia, drogadicción, violencia urbana, desigualdad social, exclusión territorial, pobreza, informalidad en la estructura urbana, en las oportunidades y aprovechamiento del territorio, carencia de servicios públicos, uso irracional de los recursos naturales, etc. Planteándose un serio desafío de cara a la consolidación de un espacio cívico de sana convivencia social.

SEXTO: Que a la vista de las Declaraciones internacionales de las Naciones Unidas sobre la materia, tales como, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996, y la Declaración de Nueva York sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en el Nuevo Milenio de 2001; y en especial la Declaración de Guadalupe de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo en América Latina y el Caribe de 2005, así como la propia Declaración de Cuernavaca de la Unión Iberoamericana de Municipalistas sobre Calidad de Vida y Acción Municipal de 1996.

EL VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS RESUELVE

ADOPTAR la presente Declaración, a la vista de los estudios y conclusiones presentados y elaborados con motivo y en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas.

INVITAR a las autoridades locales, regionales y nacionales de los países iberoamericanos a adherirse a la presente Declaración y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios y valores contenidos en la misma, dirigidos a consolidar el papel de los Gobiernos locales en las labores vinculadas al desarrollo y estructurar una nueva visión, social e integradora del desarrollo urbano y territorial.

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL: LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD.

PRIMERA: Innovar la gestión pública local fortaleciendo e institucionalizando las relaciones de cooperación con los distintos actores que intervienen en el desarrollo de la ciudad.

La responsabilidad del Gobierno local sobre el destino de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes ha de tener como respuesta, bajo los principios de una nueva ética pública urbana, seguir profundizando en un nuevo sistema de gestión de la intervención pública en el territorio que aspire a plantear necesariamente tres tipos de cooperación: un nuevo tipo de relación interadministrativa, tanto vertical entre Gobierno local y el Estado como horizontal entre los municipios, que facilite la ejecución de aquellas competencias y funciones que requieren necesariamente la cooperación entre administraciones públicas nacionales y subnacionales e intermunicipales; la articulación de una cooperación público-privada como medio para abordar los nuevos requerimientos urbanos, garantizándose en todo caso la transparencia, la agilidad, la eficiencia económica y la eficacia social; y finalmente, la cooperación social logrando una efectiva participación ciudadana. Esta nueva forma de actuar permitirá economías de escala en la co-gestión de servicios públicos como el transporte interurbano, el tratamiento de las aguas servidas, o el control en la explotación de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, esta innovación debe conllevar la asunción de competencias y funciones de coordinación por parte de los Gobiernos locales que permitan la aplicación de políticas integradas ya que los principales problemas urbanos y habitacionales ya no son posibles abordarlos a través de enfoques netamente sectoriales, se debe reemplazar el instrumental hasta ahora empleado por operaciones más abiertas donde intervenga la sociedad civil organizada en lo que será el plan director de urbanismo de la ciudad.

SEGUNDA: Formular políticas de ordenación de la ciudad a través de la planificación participativa y la gestión estratégica.

Es función del Gobierno municipal promover el control del proceso de desarrollo, a través de la formulación de políticas urbanas en las cuales los intereses individuales de los propietarios coexistan con los intereses sociales, étnicos, culturales y ambientales. Se ha de continuar configurando la ciudad como un todo y de todos. Esta tarea de reorientar el planeamiento, la gestión y la actuación urbanística, debe abordarse priorizando la disminución de factores de pobreza urbana, el respeto de la multiculturalidad y de la multietnicidad, el problema de la vivienda, la recuperación del espacio público ciudadano y el desarrollo urbano fortaleciendo así el urbanismo público.

Los planteamientos y objetivos de ese modelo territorial deben definirse y adoptarse con una amplia participación y consenso de todos los actores involucrados. Esta participación implica un esfuerzo ciudadano para definir un proyecto consensuado de ciudad y su mayor logro será generar un compromiso en los procesos de ejecución del plan, constituyéndose así una nueva figura de corresponsabilidad en su gestión.

La configuración de las ciudades tiene que constituirse en un “producto socio-cultural”, creado y sostenido por la compleja interrelación de los factores económicos, sociales, políticos, étnicos, lingüísticos y culturales que debe ser abordada de forma integral a través de una adecuada planificación estratégica en la cual estén implicados todos los actores sociales.

TERCERA: Revitalizar y privilegiar el concepto de desarrollo sostenible en el diseño e implementación de las políticas urbanas y desarrollar el concepto de evaluación de impacto de convivencia.

El desarrollo territorial es un proceso localizado de cambio social sostenido, que tiene como finalidad última el progreso permanente del territorio, de la comunidad y de cada individuo residente en ella. Por ello, no es posible pensar ni operar un urbanismo que no introduzca criterios de sostenibilidad y de respeto al entorno. La incorporación de la variable ambiental a los instrumentos de gestión de la ciudad supone tener en cuenta los vínculos entre los tres pilares del desarrollo sostenible -desarrollo económico, cohesión social y preservación del medio ambiente- el urbanismo y la ordenación del territorio, especialmente en los modelos urbanos y de ocupación del territorio extensivos, difusos, de baja densidad y que han decidido renunciar a la regeneración del tejido urbano consolidado.

Los municipalistas de América Latina proponemos la necesidad de profundizar en la puesta en practica de un modelo de ocupación del territorio tendente a conseguir un desarrollo más sostenible de las ciudades en aquellas ciudades que ya han iniciado esta andadura y de ponerlo en marcha en aquellas otras en que no se ha realizado, un modelo que habrá de tener como vértices: el control de la expansión urbana, la regeneración del centro histórico, la gestión inteligente y economizadora de los recursos del ecosistema, una mejor accesibilidad a los ciudadanos gracias a medios de transporte que sean no sólo eficaces y asequibles sino también compatibles con el medio ambiente, y finalmente la protección y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.

La planificación urbana debe diseñar el modelo de convivencia y todos los instrumentos de planificación urbanística han de ser orientados a una evaluación de impacto de convivencia que atienda: a la diversidad; el tipo de vivienda; la adecuada dotación de equipamientos sociales en un territorio y su accesibilidad; la existencia de espacios de proximidad para las relaciones personales en la vida cotidiana; la existencia de comunicaciones fluidas que favorezcan la apertura y la integración del territorio en la ciudad; un entorno accesible para todos sus habitantes; la existencia de elementos y referencias de identidad colectiva; un entorno agradable estéticamente y la participación de los habitantes en la ordenación del territorio.

LA CIUDAD INCLUSIVA: UNA NUEVA VISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD EN LA CIUDAD.

CUARTA: Revalorizar y reconfigurar el espacio público como escenario de la ciudadanía y como red de integración social y urbana.

En un gran número de ciudades iberoamericanas se mantienen y desarrollan zonas de marginalidad, territorios de supervivencia no urbanizados, la “no ciudad”. No hay señales trascendentes, en muchas de ellas, que permitan sostener que la modernización de la ciudad haya contribuido a resolver o a disminuir el problema de la segregación y el encasillamiento espacial de las distintas clases sociales, sino más bien, en ciertos casos, ha contribuido a agravarlo. Un instrumento eficaz para romper esta tendencia a la fragmentación urbana es el espacio público como aprendizaje de la alteridad. Asimismo, es necesario promover nuevas iniciativas urbanas que diversifiquen y reactiven el tejido social en el que la voz de todos esté presente. Hacer ciudades es un compromiso que debemos asumir los Gobiernos locales con los actores económicos y sociales, culturales, étnicos y políticos. El rescate de los espacios públicos como lugares de interacción y encuentro de la ciudadanía, que constituyen lugares privilegiados para acumular capital social productivo, es condición indispensable para que aquellos que viven en condición de pobreza se transformen en sujetos activos de su propio progreso.

Por ello, la superación de la fragmentación física requiere que los Gobiernos locales reflexionen la ciudad como un conjunto de hechos productivos, ofreciendo mejoras en las condiciones de empleo y servicios, tanto a la población urbana como a la rural, produciendo mucho y buen espacio público facilitador de la integración social y limitando las formas antiurbanas de exclusión y gethificación.

QUINTA: Reducir la pobreza urbana a través de un modelo de gestión que garantice la equidad en la prestación de los servicios públicos.

La provisión de servicios públicos constituye un especial desafío de gestión para superar la pobreza y precariedad en las ciudades. En éste sentido, los Objetivos de Desarrollo establecidos en la Cumbre del Milenio incluyen lineamientos y metas para lograr que los pobres tengan un mejor acceso a los mismos. Sobre esta base es posible seguir profundizando en la aplicación, tanto en los barrios más pobres de los centros urbanos como en las zonas rurales, estrategias en materia de acceso al suelo, mejoramiento de servicios, provisión de viviendas, educación, desarrollo productivo y crecimiento económico local a través de alianzas y consensos con el sector privado.

Los servicios urbanos para ser considerados públicos no pueden ser excluyentes. Por ello, los Gobiernos locales tienen el deber de garantizar su acceso y la equidad en su distribución para contribuir de esta forma a la erradicación progresiva de la pobreza.

SEXTA: Desarrollar una estrategia de reducción de la vulnerabilidad en la planificación de la ciudad para prevenir y mitigar los desastres naturales.

La intensidad del impacto de los desastres naturales ha aumentado debido a la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de urbanización que ha incrementado las condiciones de peligro, especialmente en algunas ciudades de países en desarrollo, cuyo acelerado crecimiento urbano y la consiguiente demanda del suelo han determinado la ocupación de zonas no aptas para el uso urbano, frecuentemente con proliferación de edificios y viviendas en gran porcentaje mal construidos, y la instalación de complejos industriales y depósitos de materiales peligrosos en zonas próximas a las poblaciones. Se necesita promover una nueva visión, centrada en el riesgo, cuya reducción dependerá de cómo se intervenga en los factores que lo generan, y en la cual el Gobierno local tiene una especial responsabilidad para que las medidas de prevención y de mitigación se transformen en un aspecto fundamental de la planificación para el desarrollo.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: EL DERECHO A LA CIUDAD Y A LA CIUDADANÍA.

SEPTIMA: Fomentar la participación ciudadana tanto en la toma de decisiones como en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas urbanas.

Nuestros municipios no pueden responder a todas las demandas de los ciudadanos, pues éstas sobrepasan su capacidad para atenderlas, pero al ocupar un lugar privilegiado para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, y en particular para la construcción de ciudadanía, si debe hacer mucho más para atraer a todos los ciudadanos en la tarea de construir su ciudad. Es preciso hacerlos partícipes en la toma de decisiones a través de procesos de información, consulta y control en la gestión, si queremos conseguir que todos los actores estén haciéndose cargo en forma realista de las demandas sociales por medio de un proceso democrático de construcción de soluciones.

Las tareas públicas del Gobierno local, y es un hecho constatable en muchas ciudades de América Latina, se ejercen más adecuadamente con una revaloración e impulso de la participación ciudadana. Deben crearse las estructuras y procesos sociopolíticos interactivos que estimulen la comunicación entre los actores puede asegurarse la gobernación legítima y eficaz en relación a los desafíos actuales para construir ciudad y ciudadanía con equidad.

OCTAVA: Regularizar la “ciudad informal” como medio de acción en la lucha contra la segregación socioespacial.

La proliferación de los asentamientos espontáneos en las ciudades es una de las mayores consecuencias del proceso de exclusión social y segregación espacial. Este fenómeno se vuelve aún más preocupante en lo que se refiere a los procesos socioeconómicos y culturales de acceso al suelo y producción de la vivienda. Es misión inaplazable de los Gobiernos locales seguir buscando soluciones innovadoras, en conjunto con los agentes sociales a través de mecanismos de negociación y resolución de conflictos, para las políticas de regularización de la tierra que compatibilicen la seguridad individual de la propiedad y el reconocimiento de los derechos sociales de vivienda; y que minimicen los impactos de tales políticas en el mercado, de tal forma que los beneficios de la inversión pública reviertan directamente en los actores sociales para reinvertir en el proceso. Un proceso continuado en este sentido permitirá, de forma paulatina, superar las estructuras de producción obsoletas y diversificar la base económica.

Es necesario persistir e insistir en políticas públicas que beneficien el interés social, fomentar las inversiones públicas y privadas, las políticas de vivienda social accesibles y adecuadas, los programas de regularización de los asentamientos informales, así como enfrentar la naturaleza excluyente de los mecanismos fiscales de captura del valor de la tierra, para volverlos menos regresivos.

NOVENA: Implementar el Estatuto de la ciudad como sistema de participación que garantice la función social de la propiedad y el derecho a la ciudad.

El principio de la función social de la propiedad todavía es, en algunas ciudades y territorios, una figura retórica que debe hacerse efectiva. Es necesario que el derecho de propiedad además de tener un contenido económico individual incorpore también, a través de leyes, planes y proyectos urbanísticos, otros intereses sociales, ambientales y culturales respecto de la utilización del suelo y de los bienes inmobiliarios, que corresponde definir a todos los sectores sociales, al mercado y especialmente a los poderes públicos. Los Gobiernos locales deben emprender la “batalla” de promover a nivel nacional una reforma jurídica en la que se materialice el principio de la función social de la propiedad que es, sin duda, una de las principales condiciones para el cambio de patrón excluyente de desarrollo urbano que hasta ahora viene desarrollándose con frecuencia en nuestros pueblos y ciudades.

Un instrumento idóneo, implementado en diversas ciudades latinoamericanas, es la aprobación del Estatuto de la Ciudad como marco regulador de las directrices y estrategias necesarias para una planificación y gestión urbana integral que garantice la habitación social, el saneamiento básico, los transportes colectivos, la gestión popular, la construcción de viviendas por ayuda mutua y la necesidad de aprovechar las unidades sin ocupación en las áreas centrales de las ciudades. Hay que huir de las políticas sociales o urbanísticas aisladas y marginales que no hacen más incrementar la segregación urbana existente. De esta forma, si todos aunamos nuestros esfuerzos, no cabe duda de que será posible construir ciudad y ciudadanía con equidad.

DECLARACIÓN FINAL

Cuando acaba de comenzar un nuevo milenio, los municipios iberoamericanos tenemos encomendada la ardua tarea de seguir construyendo ciudad a través de una planificación integral, responsable, democrática y estratégica que vaya más allá de los planes de desarrollo urbano, que responda a la demanda ciudadana a través de políticas coherentes con el territorio, las infraestructuras, las actividades económicas y con la sociedad, que sea capaz de implicar a todos los actores sociales y transformar el espacio público como lugar de convivencia e identidad de la ciudad.

Dichas tareas exigen el reconocimiento pleno de la autonomía local por lo que los municipalistas de América Latina ratificamos el contenido de la Declaración de Cartagena de Indias sobre Autonomía Local en el convencimiento de que el autogobierno, en el marco de la soberanía del Estado, es el mejor camino para afrontar dicha responsabilidad y el mejor servicio a la ciudadanía.

Por lo expuesto, animamos a los Gobiernos locales a que impulsen una construcción social de la ciudad concordante con las propuestas contenidas en esta DECLARACIÓN DE GUAYAQUIL, y a la sociedad civil a involucrarse en esta misión de construir ciudad y ciudadanía con equidad ya que es deber de todos construir un nuevo espacio de convivencia a imagen y semejanza de nuestros sueños, una ciudad integradora de la que todos los ciudadanos se sientan orgullosos.